Exigen compensar al transporte por el conflicto de los agricultores

Numerosas protestas de agricultores en toda Europa han interrumpido las cadenas logísticas, bloqueando rutas clave, atacando camiones y destruyendo carga, a menudo, con la policía como testigo pasivo. El coste para los conductores y las empresas de transporte es enorme y sigue creciendo, por lo que necesitan compensación. La oleada de protestas de grupos agrarios en los últimos meses utiliza tácticas similares: bloquear rutas comerciales clave, incluidas las conexiones de autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos, para interrumpir el transporte.

Los conductores quedan atrapados en la carretera, tomados como rehenes durante largos períodos sin acceso a alimentos, agua e instalaciones sanitarias, mientras que los productos se entregan con retrasos masivos. La Organización Mundial de la Carretera (IRU) ya ha instado a las autoridades de la Unión Europea y nacionales a hacer más para mantener abiertas las rutas vitales de comercio y movilidad.

El coste promedio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de unos 100 euros por hora. Los costes pueden aumentar con rapidez, afectando sobre todo a conductores propietarios y empresas de transporte pequeñas y medianas. Los costes económicos más amplios ya se han elevado a muchos millones de euros.

La directora de Advocacy de la IRU en la UE, Raluca Marian, ha declarado que "ya es suficiente". "Todos tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a amenazar a los conductores, atacar camiones y destruir propiedades. Y si ocurren demoras costosas, ataques y destrucciones, alguien debe pagar por ello", agregó.

Para la IRU, los gobiernos de toda Europa han fallado en garantizar la continuidad de las cadenas logísticas y proteger a los conductores que intentan hacer su trabajo. La falta de acción del Gobierno y la protección del Estado de derecho a menudo se demuestra con imágenes de la policía que está presente en la escena, pero no intenta detener el daño criminal.

Raluca Marian afirma: "los gobiernos tienen el deber de garantizar la libre circulación de bienes y la seguridad de los conductores y su carga. El colapso sistemático de la autoridad y el orden visto con estas protestas plantea la legítima demanda de compensación de las víctimas, los operadores de transporte, a los gobiernos por sus pérdidas".
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